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Por Jochen Mattern Edición: Andrés Zepeda - page 11 / 17

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La Cooperación Financiera

Internacional Fundada en 1956, la IFC (por sus siglas en inglés) es el brazo del Banco

Mundial

(BM)

que

promueve

inversiones

del

sector

privado en

“países del sur” para reducir la pobreza. Desde su creación, la IFC ha otorgado más de US$ 44 mil millones en préstamos. Lo especial de la IFC, que actúa con bastante autonomía d e l r e s t o d e l B M , e s q u e p u e d e s e r a l a vez accionista crédito a una donante empresa. de En un la y

actualidad cuenta con 177 miembros, elegidos según el capital invertido por cada país. Los principales son EEUU (23% de las acciones), Japón (5.9%) y Alemania (5.4%). Los beneficiarios son,

en

gran

medida,

megaproyectos

ejecutados

por

empresas

transnacionales. Un reporte interno realizado en 2004 reveló que los proyectos de industrias extractivas apoyados por la IFC no contribuyeron a la reducción de la pobreza y que, por el contrario, han ocasionado grandes daños ambientales.

Guatemala no es tierra nueva para la IFC. Ya en los años sesentas aprobó un préstamo de US$ 15 millones para el proyecto minero INCO-EXMIBAL en El Estor, Izabal. También proveyó US$ 16 millones para la construcción de un oleoducto en Petén cuya segunda fase, financiada con otro préstamo de

US$ 24

millones, supuso

166.5

kilómetros

de entubado

para

conectar la refinería en La Libertad con el oleoducto de la Franja Transversal del Norte.

En 2004, la IFC aprobó un préstamo de US$ 45 millones (la suma máxima asignable a un solo destinatario) para el proyecto Marlin, al contar éste con

significativo

de las

indígenas

locales”,

además

que las

un “respaldo comunidades considerando

“consultas a la población local han sido adecuadas”. En realidad, las dos cuotas del préstamo fueron erogadas mientras ocurrían las protestas más numerosas en contra del proyecto. El municipio de Sipcapa ha interpuesto una demanda ante la IFC alegando que la población no ha sido consultada correctamente. Luego de una gira de verificación realizada en abril de 2005, el procurador de la IFC constata en su reporte (de carácter no vinculante) que “no se han respetado los aspectos culturales en la divulgación del proyecto”, que “no hubo participación de los afectados en el estudio de impacto ambiental”, que “ni el Gobierno ni la compañía parecen interesados en un proceso proactivo con la población para construir un claro entendimiento de consulta y aprobación” y que “ni la compañía ni el Gobierno han establecido una política sobre la transparencia de las rentas de la minería”.

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