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Por Jochen Mattern Edición: Andrés Zepeda - page 12 / 17

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Vuelve la sombra de la guerra a

El Estor El fin de semana del 11 al 13 de noviembre del año pasado fueron desalojadas, en dos operativos, unas doscientas familias que ocupaban tierras reclamadas por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

Los enfrentamientos violentos entre fuerzas de seguridad –tanto del Ejército como de la Policía Nacional Civil–, ordenadas por un fiscal del Ministerio Público presente en el lugar, se llevaron a cabo un día domingo y sin autorización de juez competente.

Posterior a los desalojos violentos se organizaron protestas en las que participaron unas 500 personas. Ello motivó una fuerte presencia policial en la cabecera municipal, con patrullas y policías provenientes de Izabal, Petén y Zacapa.

Ante la tensa situación, uno de los líderes comunitarios del barrio La Revolución expresó su frustración al no entender “por qué el Ejército nuevamente está luchando en contra de nosotros y no nos brindan protección, lo que debe ser su función. [No sabemos] por qué defienden los intereses de empresas extranjeras”.

En efecto, la acción estuvo dirigida a proteger los intereses de la CGN,

subsidiaria

de

la

compañía

canadiense Sky Ressources, a la que

el MEM

otorgó

pasado

licencia

níquel,

cobalto,

en abril del año de explotación de hierro, cromo y

magnesio. Las autoridades de Sky Resources mantienen una postura dura: “No estamos dispuestos a negociar con comunistas que actúen en la ilegalidad”.

Dos meses más tarde, el 9 de enero, otra jornada de desalojos fue realizada por un contingente de 650 militares y policías, acompañados por un helicóptero particular que sobrevolaba las comunidades. Personas contratadas por la CGN – que aduce ser propietaria del área

ocupada quemaron motosierra

s

por

estas familias–

y

destruyeron con

unas

18

viviendas

pertenecientes a los desalojados.

Ya en 1978 las protestas en contra las empresas petromineras y sus actividades en el sector había dado lugar a la masacre de Panzós, en la cual perdieron la vida 114 personas

que,

de

manera

pacífica,

manifestaban contra la usurpación de sus tierras. Aquel incidente dio inicio a un período de masacres y violencia que parece estar resurgiendo a diez años de la firma de la paz.

Durante los años que siguieron al cese (1982) de la actividad minera en el sector, los pobladores empezaron a legalizar sus tierras, animados por la Ley de catastro. Muchos campesinos pagaron sumas importantes para obtener títulos de propiedad, pero hoy resulta que la licencia a favor del proyecto Fénix de la CGN (con una extensión de 250 km2) traslapa en varios puntos con las tierras adquiridas por las comunidades.

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