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Por Jochen Mattern Edición: Andrés Zepeda - page 16 / 17

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Luis Solano Autor del libro Guatemala: petróleo y minería. Economista graduado de la USAC, con una maestría en investigación por la Universidad de Berkley, en donde labora actualmente como investigador independiente. Es miembro del consejo editorial de Inforpress Centroamericana.

Hay dos aspectos que los defensores de la actividad extractiva exponen para impulsarla: los beneficios sociales y el impacto ambiental.

En el caso de los beneficios sociales, algo que generalmente se destaca es la generación de empleo. Las fases de empleo “masivo” ocurren durante la exploración y los primeros meses de la explotación, creando empleo (hablamos de decenas, no de miles) no calificado y sólo por un corto período de tiempo. Los empleos estables y de largo plazo son los de los técnicos y profesionales, muchos de ellos extranjeros.

En términos ecológicos, está demostrado el impacto ambiental negativo que provoca, comenzando con la destrucción de montaña y bosque y la contaminación de aguas, fenómenos que se ven agravados dada la debilidad institucional y legal para supervisar y aplicar la ley.

Al final, una pregunta que hay que hacerse es si los beneficios económicos que los defensores de la minería aducen son suficientes para cubrir los enormes costos ambientales que provoca, no digamos si alcanzan para impulsar el desarrollo social que requieren las regiones donde se realiza la minería a cielo abierto; las cuales, por cierto, están entre las más depauperadas del país.

Jorge García Chiú Viceministro de Energía y Minas. Es ingeniero civil graduado de la USAC, con estudios de maestría en recursos hidráulicos y especialización en hidrogeología, exploración de minerales

y evaluación social de

proyectos. Antes

de

ser

nombrado

viceministro

se

desempeñó como Director General Minería.

de

La misma

Constitución

Política

de

la

República establece que los hidrocarburos, al igual que los minerales que están en el subsuelo, son propiedad del Estado, pero también establece que es prioritario el aprovechamiento de estos recursos. Desde este punto de vista es que se desarrollan otras leyes, como la ley de hidrocarburos y la ley de comercialización de productos petroleros, que deben aprovecharse en beneficio de los guatemaltecos, que al final aportan ingresos al mismo Estado para que éste los redistribuya

a través del Gobierno y sus instituciones.

Parte de la oposición a este tipo actividades va en el sentido de que

de son

recursos no renovables. Entonces, ¿cómo puede haber una explotación racional que ayude al desarrollo? Lo que se debe promover es que estos recursos se van a poder explotar por algún numero de años, aprovechados de una manera tal que logren actividades económicas diferentes a las que dieron origen a los recursos económicos.

Creo que en donde hay que trabajar es en modificar la ley, de tal forma que una parte importante [de los beneficios] se quede

alrededor de

los proyectos

para que

las

comunidades

tengan

una

opción

de

desarrollo.

Dondequiera que haya actividad petrolera nosotros tenemos supervisión permanente 24 horas al día. No hemos tenido problemas de tipo ambiental, salvo por las mismas comunidades que a veces ocasionan daños, principalmente al oleoducto. La mayoría de fugas que éste ha tenido es por causas intencionales.

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