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Por Jochen Mattern Edición: Andrés Zepeda - page 8 / 17

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Debido a la creciente resistencia popular, el Gobierno (con apoyo del Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Gremio de Minerías y otros sectores) se propuso buscar una estrategia para conciliar los conflictos, a través de una mesa de diálogo integrada por el MEM, la Iglesia Católica y algunos colectivos sociales y ambientalistas. Paralelamente, organizaciones indígenas y ecologistas, entre otras, crearon un foro alternativo sobre la minería, centrándose en los riesgos y peligros que ésta atrae.

Un “consenso” fue presentado a mediados de 2005 por la Comisión de Alto Nivel (CAN), previendo reformas a la legislación minera y la elaboración de una política nacional en relación a la explotación de los recursos mineros del país. El Gobierno se comprometió a no otorgar nuevas licencias mineras antes de cumplir con los compromisos establecidos, mismos que habrían de ser promovidos por el Ejecutivo. Entre ellos figura el ordenamiento territorial para actividades mineras y la implementación de consultas populares. Se acordó también la participación activa de los consejos de desarrollo, así como mejorar la supervisión en términos de impacto ambiental. Se convino aumentar las regalías y el ingreso fiscal proveniente de la actividad minera para el Estado, y se estableció que el Ejecutivo presentaría al Congreso un proyecto de reformas a la Ley de minería.

Dos años más tarde, el Gobierno no ha avanzado en ninguno de los compromisos adquiridos; tampoco el tema ha sido retomado en debates de opinión pública. Durante 2006 fueron otorgadas al menos cinco nuevas licencias mineras, pese al compromiso adquirido en la CAN. Hoy, alrededor de un 20% del territorio nacional ha sido cedido a proyectos extractivos. Sería, por lo tanto, importante iniciar un debate amplio sobre el modelo de desarrollo que conviene implementar en este país, teniendo en cuenta que el valor de las actividades mineras y petroleras se calcula en unos US$ 300 millones (menos del 1% del producto interno bruto). El mismo Banco Mundial insta al empresariado a “hacer esfuerzos considerables para que los beneficios provenientes de estos proyectos permanezcan en el lugar, y asegurar así que contribuyan a la mitigación de la pobreza”.

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