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Recomendaciones de la Sociedad Civil 2002-2008

Mejorar los mecanismos de recaudación tributaria, fortaleciendo una normativa que combata la evasión y la elusión.

Ejecutar el gasto público de manera eficiente y transparente, rindiendo cuentas sobre la gestión del gasto.  

Establecer un marco legal y regulatorio transparente, garantizando el acceso de la ciudadanía a la información del Estado.

Estimular las inversiones internas y externas, mediante establecimiento de mecanismos efectivos para evitar las salidas de capitales, como forma de estimular la inversión interna y motivar la inversión externa.

Comprometerse a incrementar la ejecución del gasto público, con eficiencia y transparencia, orientado hacia la infraestructura sanitaria (Agua potable, alcantarillado y desechos sólidos) e infraestructura básica en vialidad portuaria y aeroportuaria, telecomunicaciones, salud, educación, electricidad.

Establecer políticas que garanticen las condiciones de acceso al crédito para promover la contratación de préstamos de organismos internacionales destinados a las microfinanzas, principalmente para grupos vulnerables y en situación de riesgo.

Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de la Economía Social específicamente, Empresas Cooperativas y PYMEs, de acuerdo a lo que establece la Recomendación 193 de la OIT; como medio para generar empleos decentes y emprendimientos sustentables, y facilitar su operación por medio de un marco legal, que les permita ser competitivas en todos sectores de la economía.

Promover oportunidades de autoempleo para las y los jóvenes y mujeres, diseñando programas de capacitación para la formación de nuevos empresarios, articulando los sectores público, privado y la academia; e implementar políticas públicas correspondientes a educación, formación en competencias empresariales, capacitación técnica y programas que faciliten el acceso a financiamiento.

Establecer un Marco Legal transparente que genere confianza y estabilidad a través de acciones económicas, administrativas y jurídicas que disminuyan al máximo el riesgo país, orientada al desarrollo económico sostenible.

Promover a través de políticas públicas la incorporación de la lucha contra la corrupción en el ámbito de las iniciativas de la responsabilidad social empresarial.

Comprometerse en la promoción de la cultura de la consulta nacional, para asuntos relacionados con negocios de trascendencia nacional, por medio de mecanismos que aseguren la participación de la sociedad civil en las decisiones.

Promover mecanismos regulatorios que reglamenten la competencia empresarial orientada a promover la transparencia y ética en los negocios, y prevenir la monopolización y la competencia desleal.

Promover mecanismos de evaluación de la gestión gubernamental y los gobiernos locales, a cargo de la sociedad civil, en su rol de control social, a partir de determinados indicadores, tales como: niveles de accesos a la información, casos de corrupción, % de la inversión social en la ley de gasto público, niveles de eficacia en la política social, del gasto corriente consignado en la ley de gasto público y rendición de cuentas.

Secretaría de Cumbres de las Américas | Organización de los Estados Americanos

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