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Recomendaciones de la Sociedad Civil 2002-2008

Con respecto a los Derechos de Propiedad Intelectual, se reconoce su importancia en el fomento de la innovación y creatividad en la Sociedad del Conocimiento, pero también la necesidad de contar con mecanismos que permitan un tratamiento flexible de los mismos. Entre las alternativas vinculadas a TIC para acumular conocimiento a un costo muy reducido, se menciona el uso de software de código abierto o “libre”, tema en el que existen varios proyectos de desarrollo que utilizando este tipo de colaboración gratuita han generado avances para sectores y poblaciones menos favorecidas.

Se incide en el trabajo de cooperación entre los distintos sectores y la intención genuina en proceder que se da a nivel regional o global. Sin embargo, se debe de tomar en cuenta que la realidad local de los países es distinta. Además de las declaraciones se recomienda el contar con una carta ética, herramientas metodológicas y procesos de vigilia.

Ante el cuestionamiento relacionado a que las políticas para América Latina y el Caribe tienen un enfoque demasiado “estatal” y que eso ocasiona su atraso tecnológico con respecto a otras regiones, se incidió que el Proyecto de Declaración de Santo Domingo prevé espacios para la participación del sector privado como generador de cambios dramáticos, sin embargo, estas consideraciones parecen estar más orientadas a otorgarle a este sector el rol de beneficiario de políticas tecnológicas y no de actor principal.

Se aborda el tema de regulación, destacándose su importancia no solamente como un mecanismo generador de normas, si no en que las mismas estén engarzadas en determinadas políticas de desarrollo. Por ello, se plantea que uno de los caminos es el desarrollo de instrumentos de armonización normativa.

Tomando en cuenta la Declaración de Lisboa de la reciente Cumbre de la Sociedad de la Información, se recomienda la necesidad urgente de la OEA de encontrar la forma de financiar sus prioridades, considerando la posibilidad de un compromiso conjunto con entidades como el BID y otros entes de financiamiento que permitan avanzar programas específicos que aceleren la implementación de varias metas que contemple la Declaración de Santo Domingo; enfocar especialmente aquellas actividades que tengan eficiencias significativas desde el punto de vista de bienes públicos regionales con capacidad de economías de escala; prestar especial atención y apoyo a los esfuerzos que realiza la Unión Europea para el desarrollo de redes avanzadas para la educación e investigación en las Américas, como a través de la Red CLARA.

Se recuerda que hay iniciativas globales que están en marcha y con las que los esfuerzos nacionales y locales pueden generar sinergias. Aquí se podrían tomar en cuenta las recomendaciones sobre la vinculación con instituciones financieras, la posibilidad de armonizar los compromisos de la OEA con los de WSIS, por ejemplo, el generar una agenda digital para la región y en cada país, entre otras.

Se incidió en lograr un compromiso de los gobiernos para el desarrollo de una Agenda Digital Nacional para la sociedad basada en el conocimiento. En este marco, la OEA podría medir el progreso comparativo de los países con los indicadores de cada agenda digital y difundir los resultados de manera amplia. El uso de mecanismos externos y de supervisión para asegurar el cumplimiento de las metas es fundamental.

Se enfatiza a las TIC como herramienta potencial para apoyar la rendición de cuentas y su uso como tal en la lucha contra la corrupción, la necesidad de incorporar  el uso de las TIC en los sistemas de compras y obras públicas transparentes y en el control del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Se recomienda el uso de las TIC en el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en especial en las reuniones del Comité de Expertos; y el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil, en calidad de observadores, en las reuniones del Comité. Asimismo, se hace un llamado a garantizar el derecho al libre acceso a la información pública por cualquier medio, incluido el electrónico.

Secretaría de Cumbres de las Américas | Organización de los Estados Americanos

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