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María Holgado González - page 10 / 14

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El papel de los medios de comunicación en la campaña electoral

oclocráticas, o, para ser más exactos, son una prueba evidente de que la democracia degenera, tiende a la oclocracia»35.

Y es que, aunque parece que los actores políticos prefieren la propaganda al debate político (como se refleja en unas leyes que, al fin y al cabo, son obra de los partidos políticos representados en el Parlamento, destinatarios a su vez de las mismas), “la simplificación de los mensajes al contraste vivo de las opiniones por el potencial riesgo que su exposición comporta”36, no hay duda, a tenor de los índices de audiencia, de que los ciudadanos siguen con más atención los debates, estos espacios de confrontación, que presentan un formato más atractivo, y que se ajustan mejor a lo que debe entenderse por campaña electoral, esto es, la libre comunicación de ideas de los distintos candidatos que concurren a las elecciones37.

A pesar de no estar regulados en la LOREG, este tipo de debates se ha celebrado, sobre todo en los medios de comunicación de titularidad privada, y ha sido la Junta Electoral Central la que ha ido concretando su régimen jurídico, por ser la encargada de velar por el cumplimiento de los principios de neutralidad y pluralismo, como hemos señalado anteriormente38. Resulta, cuando menos, para- dójico, que no hayan sido los medios de comunicación estatales los encargados de asumir y consolidar esta práctica, ya que, tratándose de un servicio público esencial39, son la sede más apropiada para informar a los ciudadanos de las distintas opciones políticas que se presentan a las elecciones y someterlas al debate y al contraste. No hay que olvidar que el Estado tiene el deber de velar por el correcto funcionamiento del sistema democrático, que pasa por garantizar el ejercicio del derecho al sufragio en condiciones de libertad e igualdad, y para ello los ciudadanos han de poder acceder a una información veraz, neutral, completa y que respete el pluralismo político. De ahí que algunos autores40 insistan en la necesidad de que los debates electorales se realicen en los medios de comunica- ción de titularidad pública41, siguiendo el ejemplo del Ente Público de Radio Televisión de Andalucía en las elecciones autonómicas del 12 de junio de 1994.

De acuerdo con las directrices de la Junta Electoral, hay que entender que la LOREG ni prohíbe ni tampoco obliga a celebrar este tipo de programas pero, si la dirección del medio en cuestión, que es a quien corresponde decidir la

35 González Encinar, J. J., «Elecciones sin debates», en El País de 2 de marzo de 2000. 36 Arnaldo Alcubilla, E., «Procesos electorales y opinión pública”, op. cit., pág. 178. 37 Ibíd. 38 Acuerdos de la Junta Electoral Central de 22 de octubre de 1982, 29 de mayo de 1987, 3 de octubre de

1989, 16 de abril y 2 de junio de 1993 y 7 de junio de 1994. 39 Como establece el art. 1.2 del Estatuto de la Radio y la Televisión, Ley 4/1980, de 10 de enero. 40 Arnaldo Alcubilla, E., «Procesos electorales y opinión pública», op. cit., pág. 177. 41 Sin olvidar la contribución de esta medida a la reducción del gasto electoral de las formaciones políticas,

ya que “limitaría muy probablemente la utilización de medios de publicidad de alto coste y dudosa eficacia” (Del Castillo, P., “Financiación de los partidos políticos: la reforma necesaria”, en González Encinar, J. J. (coord.), Derecho de partidos, Espasa Universidad, Madrid, 1992, pág. 168.

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