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María Holgado González - page 12 / 14

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El papel de los medios de comunicación en la campaña electoral

Con independencia de que la celebración de estos debates influya o no de manera determinante en el sentido del voto de los ciudadanos, lo que sí parece comprobado es que, al menos, con este tipo de programas los medios de comuni- cación logran movilizar al electorado, fomentando la participación en las eleccio- nes, algo, sin duda, saludable en todo sistema democrático y que es un objetivo en el que deben poner su empeño los poderes públicos, como ordena la Constitu- ción (art. 9.2)45.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional, “la importancia que el dere- cho de sufragio tiene en el sistema democrático justifica que los poderes públicos traten de favorecer la participación”46 y no es una medida deseable sino que además “constituye mandato constitucional de los poderes públicos facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, social y cultural”47, lo que deben hacer garantizando que el ejercicio de este derecho se sustente en la optimización de los medios informativos/formativos de la opinión pública electo- ral48.

Reflexión final

De todo lo hasta aquí expuesto se desprende una idea principal: los medios de comunicación ejercen una notable influencia sobre la ciudadanía, que no desprecian los partidos políticos durante la campaña electoral, de ahí que el Estado haya de velar por que no interfiera en la igualdad de oportunidades entre todas las formaciones políticas que concurren a las elecciones. Para ello, como hemos visto, las leyes electorales tratan de facilitar el acceso de los partidos a los medios, especialmente al de la televisión, reconociendo que constituye un cauce idóneo, dada su inmediatez y accesibilidad, para dar a conocer a los ciudadanos las distintas opciones políticas existentes.

Dicho esto, habría que objetar que la actual regulación de los medios durante la campaña electoral parece estar presidida por una idea que se aproxima más a la propaganda que al debate (de hecho, se limita a prohibir la contratación de publicidad y a ceder espacios gratuitos), ignorando que el ciudadano muestra un mayor interés por los programas de contenido informativo y, especialmente, por aquellos en los que se confrontan las formaciones políticas. Lamentablemente, en nuestro país no se ha consolidado la práctica, generalizada en muchos sistemas democráticos, de celebrar debates televisados entre los principales líderes políticos que se presentan a las elecciones. Y esta ausencia de debates se debe en gran

45 Y como ha recordado el Tribunal Constitucional: “a los poderes públicos corresponde favorecer el ejercicio

del sufragio” (ATC 346/1991, de 15 de noviembre) 46 STC 189/1993, de 14 de junio, FJ. 5º. 47 STC 208/1989, de 14 de diciembre, FJ. 3º y ATC de 346/1991, de 15 de noviembre. 48 Rallo Lombarte, A., «Debates electorales y televisión», op. cit., p. 81.

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