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María Holgado González

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medida a que los candidatos (casi siempre el del partido del Gobierno) se resisten a exponerse al riesgo que conlleva todo enfrentamiento dialéctico con un adver- sario. Los partidos han optado, en la mayoría de las ocasiones, por un modelo de campaña basado en el lema de que “una imagen vale más que mil palabras”, simplificando el contenido del mensaje político, que queda prácticamente reducido a la imagen del líder y al eslogan electoral. Como ha señalado Porras Nadales, en la era que vivimos la intervención de los grandes medios de comunicación ha supuesto “una reducción progresiva en el discurso de los líderes y en los conte- nidos racionales o ideológicos del mismo”49. Deberían, en cambio, aprovecharse los aspectos positivos de su utilización, en función de su indudable contribución al acercamiento de las formaciones políticas a los ciudadanos y a una mayor “visualización” y “transparencia” del proceso de toma de decisiones políticas, tradicionalmente alejado de los ojos de la sociedad50. Éste es el sentido con el que el actual Presidente del Tribunal Constitucional, Jiménez de Parga, emplea el término “televización (sic) de lo público”, cuando señala que “la televisión... moviliza las voluntades” y “formaliza y potencia el ejercicio de los poderes en la actual sociedad” dando “presencia, talla y figura, a las instituciones”51.

De otro lado, sería conveniente evitar que la información que se ofrece en el medio televisivo consista, en la práctica, en una reproducción o reflejo de los espacios electorales cedidos gratuitamente a los partidos. La información que, hoy por hoy, se emite sobre la campaña electoral, especialmente en los medios públi- cos, no deja de ser sino tiempos de propaganda en beneficio de los partidos (como ha llegado incluso a reconocer el Tribunal Supremo52). Y ello se debe, en gran medida, a la presión ejercida por los partidos, representados en los Consejos de Administración de los Entes Públicos de la Radio y Televisión. Se echa en falta una información electoral menos encorsetada por la medición de los tiempos dedicados y por el actual formato consistente en dar simplemente paso a la voz e imágenes de los candidatos arengando a sus simpatizantes en los distintos mítines.

Reconociendo la dificultad de alcanzar el justo equilibrio entre la exigencia de neutralidad y respeto al pluralismo político que los medios han de guardar, de un lado, y el ejercicio de la libertad de información, de otro, no cabe duda de que habría que avanzar hacia su consecución. Lo que requiere una mayor voluntad por parte de las fuerzas políticas y un mayor grado de confianza en los profesionales

49 Porras Nadales, A., Representación y democracia avanzada, Cuadernos y debates, núm. 50, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, págs. 75-76. 50 Ibid. 51 Jiménez de Parga, M., “El Parlamento en el siglo XXI”, en ABC del 26 de junio de 2002. Vid. también, del mismo autor, “Televización de lo público y democracia”, en ABC del 20 de febrero de 1996. 52 «No puede desconocerse que aunque el ofrecimiento de espacios informativos a los contendientes electo- rales tiene la caracterización de información, visto desde el medio de comunicación televisión, para los contendientes electorales que concurren a ellos representa una oportunidad de propaganda de sus propios programas y ofertas” (STS de 13 de febrero de 1996).

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