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María Holgado González

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pluralismo político y la igualdad de oportunidades entre todas las formaciones políticas, de modo que la contienda electoral sea lo más justa posible.

Tan alta aspiración se procura lograr principalmente a través de dos medidas previstas en estas leyes: la prohibición de contratar publicidad electoral, de un lado, y la concesión de espacios televisados gratuitos a las principales fuerzas políticas, de otro. Es cierto que, en cambio, esta legislación ha eludido un aspecto tan esencial como es el de la acción informativa de los medios de comunicación durante las elecciones, olvidando prestar mayor atención a la información electoral propiamente dicha o regular, por ejemplo, la celebración de debates electorales televisados.

a) La prohibición de contratar publicidad electoral La primera de estas medidas trata de evitar que los recursos económicos de los partidos condicionen la igualdad en el acceso a los medios de comunicación, de modo que los que terminen haciendo uso de la publicidad electoral televisiva y acaparen el espacio audiovisual durante la campaña electoral sean los partidos económicamente fuertes. Es evidente que no todas las formaciones políticas cuen- tan con los mismos ingresos, ni pueden, por tanto, emplear el mismo esfuerzo económico en hacer llegar a los electores su mensaje y su programa, a través de la propaganda. Y como es sabido, la realizada en la televisión es de las más caras, por lo que quedaría sólo al alcance de unos pocos partidos. Por esta razón, en nuestro país se ha optado por la solución de prohibir a todos ellos contratar publicidad en las cadenas de televisión tanto públicas como privadas. Así, la presencia de los partidos en este medio de comunicación durante la campaña electoral no se hace depender de la capacidad económica de los mismos. La publicidad en la prensa escrita y en las emisoras de radio privadas se permite, si bien, ha de quedar claro para los lectores y oyentes que se trata de publicidad, por lo que ha de identificarse como tal para garantizar la correcta información del elector. Además, se prohíbe a estos medios toda discriminación entre los distintos candidatos en cuanto a la inclusión, tarifas y ubicación de dichos espacios5. Teniendo presente, como es razonable pensar, que cuantos más medios económi- cos estén a disposición de una fuerza política, en mejores condiciones se hallará para vencer a las demás o para defender sus puntos de vista6, con estas medidas se consigue, al menos en este aspecto, la igualdad de condiciones entre todas las formaciones que concurren a las elecciones.

Esta igualdad que nuestra Constitución garantiza (art. 14), obligando, ade- más, a los poderes públicos a involucrarse para que no sea un simple enunciado

5 6

Art. 58 LOREG. Lucas Murillo de la Cueva, P., «La financiación de los partidos políticos», en Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 5, 1993, págs. 103-193.

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