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María Holgado González

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nicación queda asegurado, por tanto, a prácticamente todas las formaciones polí- ticas, estén o no representadas en el Parlamento, evitando que la oferta electoral mostrada en los mass media se reduzca a los dos o tres partidos más significativos. Y ello contribuye en alguna medida a la movilidad del sistema de partidos, permitiendo a las formaciones nuevas o que no alcanzaron representación en elecciones anteriores, darse a conocer y difundir su mensaje a través de medios con tanta repercusión como son la radio y la televisión. Hay algunos autores que consideran, no obstante, que las actuales condiciones para beneficiarse de estos espacios gratuitos son extremadamente generosas por haber permitido a partidos ficticios utilizar estos espacios con fines distintos a los electorales, “produciendo con ello, al margen de un claro fraude de ley, una sobresaturación de tiempos de propaganda electoral, que acaban perjudicando a las auténticas candidaturas y en definitiva al conjunto del electorado”14. Por este motivo sugieren endurecer estos requisitos o exigir una fianza a los partidos que concurran a las elecciones, fianza que sería devuelta después de haber obtenido un número determinado de votos15. No obstante, no parece conveniente que para evitar su posible utilización fraudu- lenta se ponga obstáculos a quienes legítimamente pretenden hacer un correcto uso de ellas, teniendo en cuenta que exigir fianzas a pequeños partidos o a nacientes formaciones políticas los colocaría en una clara situación de desventaja frente a partidos ya consolidados que cuentan con suficientes fondos económicos.

El acceso a los medios de comunicación trata nuevamente de garantizar la igualdad de condiciones entre todas las formaciones políticas, igualdad que se traduce en proporcionalidad (tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales), atendiendo al respaldo electoral en anteriores elecciones. Este también llamado por algunos “derecho de antena”16 consiste en unos tiempos reservados en las emisoras de radio y televisión públicas que van desde los diez hasta los cuarenta y cinco minutos para cada partido, en función del número de votos que hayan obtenido en elecciones anteriores17. Las distintas Comunidades Autónomas han seguido un criterio similar a la hora de conceder espacios a los partidos en los medios de comunicación de titularidad pública dentro de su ámbito territorial de difusión (ya sean medios de la respectiva Comunidad, o medios nacionales en la programación regional).

La distribución de estos espacios gratuitos la lleva a cabo la Junta Electoral Central a la vista de la propuesta realizada por una Comisión de Radio y Televi- sión de la que forman parte representantes de los partidos políticos con escaño en el Congreso de los Diputados, participando con un voto ponderado18. Su tarea

16 García Llovet, E., “El derecho de antena y las campañas electorales”, Revista de Derecho Político, núm.

25, 1987. 17 Art. 64.1 LOREG. 18 Art. 65.3 LOREG.

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