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María Holgado González - page 6 / 14

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El papel de los medios de comunicación en la campaña electoral

consiste en distribuir entre los distintos partidos los espacios gratuitos reservados en las emisoras de radio y televisión públicas para la emisión de mensajes electorales, y lo hace aplicando los criterios establecidos por la ley, y atendiendo a las preferencias de los partidos mayoritarios19. La Junta Electoral Central es el órgano decisor y puede aceptar la propuesta de la Comisión de Radio y Televisión, modificarla en los aspectos que estime oportunos o resolver las discrepancias habidas en su seno. Tratándose de la programación regional o local de estos medios públicos, la Junta Electoral Central puede, y, de hecho, así viene hacién- dolo, delegar su competencia en las Juntas Electorales Provinciales que nombrará una Comisión, con las mismas funciones y composición, en el ámbito territorial de que se trate.

La exigencia de neutralidad

Como decíamos al principio, en este terreno la legislación española adolece de una visión de los medios de comunicación poco acorde con su función infor- mativa. Al prohibir la contratación de publicidad electoral e imponer espacios gratuitos para los partidos en las emisoras de radio y televisión públicas, estas leyes parecen sólo tener en cuenta a los medios de comunicación como instrumen- to o lugar para la propaganda política. Dicho de otro modo, se acercan más a la idea del “consumidor al que se trata de manipular que a la del ciudadano al que hay que informar”20.

Pero, ¿qué ocurre con la programación informativa? No nos referimos ya a los tiempos concedidos a los partidos de forma gratuita para que expongan y den a conocer con total libertad su programa y a su candidato21, sino a la información sobre elecciones que es elaborada por los propios medios de comunicación y que «goza de mayor capacidad de influencia en la formación de la opinión pública en tanto se presume su imparcialidad, objetividad y veracidad»22. A nadie se oculta que mientras que el ciudadano apenas repara en los espacios electorales cedidos obligatoriamente a los partidos, sí muestra mayor interés por la infamación elec- toral recogida en los telediarios y en otros programas.

Pues bien, la única referencia a la información política durante la campaña electoral que encontramos en las leyes es la que exige a las emisoras de radio y

19 Art. 65.2 LOREG. 20 Arnaldo Alcubilla, E., “Procesos electorales y opinión pública”, Revista de las Cortes Generales, núm. 34,

1995, pág. 175. 21 Con el requisito, eso sí, de pedir el voto a los electores; por lo que se le ha negado a las formaciones

políticas que propugnen en ellos la abstención, como fue el caso de EH que pretendía utilizar los espacios con el lema “En el camino de la autodeterminación: la abstención” (Junta Electoral Central, sesión de 21 de febrero de 2000). 22 Rallo Lombarte, A., «Debates electorales y televisión», op. cit., pág. 67.

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