X hits on this document

PDF document

María Holgado González - page 7 / 14

31 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 14

María Holgado González

477

televisión respetar los principios de neutralidad y pluralismo político23. Así, cual- quier comportamiento que se aparte de dicha neutralidad tanto en las cadenas públicas como privadas puede ser recurrido ante la Junta Electoral24.

El principio de neutralidad informativa en los medios de comunicación de titularidad pública, esencial para el normal desarrollo de la campaña electoral, se recoge en el Estatuto de la Radio y la Televisión como uno de los principios inspiradores de su actividad (“la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones”25). Resulta, por otra parte, evidente que los medios de comunica- ción de titularidad pública deben realizar una adecuada cobertura informativa de la campaña electoral, dada la relevancia pública de las elecciones, desde el punto de vista del derecho de la sociedad a recibir información26.

El sometimiento de las emisoras de televisión privadas a los mismos límites de neutralidad y objetividad que las públicas durante la campaña electoral podría suscitar dudas acerca de su constitucionalidad27. ¿Cómo puede el Estado intervenir en el modo en el que se emite una información sobre elecciones? ¿Hasta qué punto puede limitar el ejercicio de la libertad de información, exigiendo esa neutralidad?

Estas dudas de inconstitucionalidad revisten más fundamento tratándose de un derecho que trasciende al simple ejercicio individual por parte del profesional, porque, como es sabido, las libertades de expresión e información contribuyen a la formación de una opinión pública libre, sin la que sería inconcebible el propio sistema democrático. Como ha reconocido el Tribunal Constitucional, las liberta- des de expresión e información constituyen “garantía de la opinión pública libre, que es una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático, estando estas libertades dotadas por ello de una eficacia que trasciende a la común y propia de los demás derechos fundamenta- les”28.

Ha de existir, por tanto, una causa jurídica lo suficientemente relevante como para justificar la limitación de la libertad de información consistente en exigir neutralidad en campaña electoral tanto a los medios públicos como priva- dos. Y esa causa legitimadora es precisamente el ejercicio por los ciudadanos del

23 Art. 66 LOREG y leyes sobre publicidad electoral en emisoras de televisión privadas anteriormente citadas. El art. 23 del Estatuto de la Radio y la Televisión, en relación con la programación, nos remite a ellas al disponer que “Durante las campañas electorales se aplicará el régimen especial que prevean las normas electorales. Su aplicación y control se defieren a la Junta Electoral Central, que cumplirá su cometido a través del Consejo de Administración y del Director General”. 24 Instrucción de la Junta Electoral Central de 13 de septiembre de 1999. 25 Art. 4 a) del Estatuto de la Radio y la Televisión, Ley 4/1980, de 10 de enero. 26 García Llovet, E., “El derecho de antena y las campañas electorales”, op. cit. 27 Martínez Sospedra, lo considera difícilmente compatible con el art. 20 CE. Vid. Martínez Sospedra, M., “La financiación de los partidos políticos. Ensayo de aproximación”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, núm. 11/12, 1995, pág. 29. 28 STC 121/1989, de 3 de julio, FJ. 2º. Vid. por todas STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ. 3º, STC 104/1986, de 17 de julio FJ. 5º, STC 165/1987, de 27 de octubre, FJ. 10º y STC 107/1988, de 8 de junio, FJ. 2º.

Document info
Document views31
Page views31
Page last viewedMon Dec 05 03:53:07 UTC 2016
Pages14
Paragraphs122
Words6678

Comments