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María Holgado González - page 8 / 14

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El papel de los medios de comunicación en la campaña electoral

derecho al voto, que ha de ser, como dice la Constitución (art. 68.1), universal, igual, directo, secreto y además libre. Libertad que no se garantiza únicamente por la ausencia de cualquier tipo de presión o coacción en su ejercicio, sino que exige que el elector disponga de la información necesaria acerca de la oferta electoral (partidos que concurren a las elecciones, candidatos, programas de gobierno, etc.).

Si las libertades de expresión e información son indispensables en una sociedad democrática, por cuanto permiten formar una opinión pública libre, el derecho al sufragio es, como dice el Tribunal Constitucional, “nervio y sustento de la democracia”29, puesto que a través del mismo se logra la manifestación de la voluntad popular. Por ello, el Estado ha de velar por que los ciudadanos puedan tener los elementos necesarios para emitir su voto de manera racional tras haber recibido de forma apropiada la información referida a su entorno social y político así como a las opciones políticas existentes. Una información que, además de veraz, ha de ser completa, sin dejar fuera a ninguna de las formaciones políticas que concurren a las elecciones, y ofrecida con objetividad e imparcialidad. Tal limitación entraría por tanto dentro de la previsión constitucional según la cual las libertades de expresión e información “tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título” (art. 20.4 CE), a saber, el derecho a participar en los asuntos públicos y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23 CE). Igualdad que, de nuevo, no ha de entenderse en un sentido mecánico, empleando la expresión del Tribunal Supremo, sino como proporciona- lidad, esto es, “atendiendo a la representatividad adquirida en anteriores contien- das electorales”30. Ahora bien, los tiempos en la información electoral no tienen que ser una proyección exacta de los espacios gratuitos, porque no estamos ante propaganda electoral sino ante programas de naturaleza informativa, y “la deter- minación de su contenido y realización corresponde a empresas de gestión de los servicios de Radio y Televisión”31. De lo contrario, se estaría vulnerando la libertad de información del medio, que es el que ha de determinar qué hechos en campaña electoral son noticiables. Cuestión distinta es que finalmente la presión ejercida por los partidos que están representados en los Consejos de Administra- ción de los Entes Públicos termine trasladando el mismo esquema de los espacios gratuitos a la información electoral.

Ésta es, además, una exigencia generalizada en los países europeos, donde se admiten sin ningún problema las limitaciones impuestas a los medios de comunicación, en cuanto son un instrumento para asegurar la igualdad de todos los participantes en el proceso electoral y la libertad del derecho de voto32. Así,

29 STC 24/1990, de 15 de febrero, FJ. 2º. 30 STS de 13 de febrero de 1996. 31 García Llovet, E., “El derecho de antena y las campañas electorales”, op. cit., p. 172. 32 Rolla, G., “La reforma electoral en Italia”, en Pau i Vall, F. (coord.), Parlamento y Sistema electoral, VI

Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Aranzadi, 1999, págs. 378 y ss.

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