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cuadro social extremadamente delicado.  Como lo señalaron expresamente los Presidentes de todo el Continente en la reciente Cumbre de Santiago (1998):

“Superar la pobreza continúa siendo el mayor desafío que confronta nuestro hemisferio”.

La referencia a la pobreza como el mayor problema abierto tiene bases en los hechos.

Según el informe al respecto de una Comisión especial presidida por Patricio Aylwin (1995), casi la mitad de los habitantes de la región están por debajo de la línea de pobreza, y el 41% padece de algún grado de desnutrición.  Según UNICEF el 60% de los niños son pobres.  La escolaridad promedio es  de 5,2 años (menor a primaria completa).  Según el Banco Mundial (1996) 2.200.000 niños nacen sin que sus madres cuenten al dar a luz con asistencia médica de ningún tipo con los consiguientes impactos en las tasas de mortalidad materna e infantil.  Asimismo, la región es caracterizada mundialmente como la más desigual del mundo.  Se observan severas inequidades en la distribución de ingresos, el acceso a activos productivos, el acceso al crédito y las posibilidades de obtener una educación de calidad razonable.i  Este panorama de pobreza e iniquidad pronunciada inadmisible en un sistema democrático como el que ha alcanzado la región después de largas luchas, y bloqueador del desarrollo, reclama respuestas urgentes e imaginativas.   Ha sido el motor fundamental del nuevo interés surgido en torno de la participación comunitaria.  La experiencia muchas veces frustrada o de resultados limitados en las políticas y proyectos de enfrentamiento de la pobreza, ha dejado como uno de sus saldos favorables la constatación de que en la participación comunitaria puede haber potencialidades de gran consideración para obtener logros significativos y al mismo tiempo mejorar la equidad.

La participación siempre tuvo en América Latina una legitimidad de carácter moral. Desde amplios sectores se planteó con toda frecuencia como un derecho básico de todo ser humano, con apoyo en las cosmovisiones religiosas y éticas predominantes en la región.  También tuvo continuamente una legitimidad política.  Es una vía afín con la propuesta histórica libertaria de los padres de las naciones de la región, y con el apego consistente de la misma al ideal democrático.  Ahora se agrega a dichas legitimidades otra de carácter diferente, que no excluye las anteriores sino se suma a ellas.  La participación tiene una legitimidad macroeconómica y gerencial.   Es percibida como una alternativa con ventajas competitivas netas para producir resultados en relación a las vías tradicionalmente utilizadas en las políticas públicas.  Ello pone la discusión sobre la participación en un encuadre diferente al de décadas anteriores.  No se trata de una discusión entre utópicos y antiutópicos, sino de poner al servicio de los severos problemas sociales que hoy agobian a buena parte de la población, los instrumentos más efectivos, y allí aparece la participación, no como imposición de algún sector, sino como oportunidad".

Como toda oportunidad, su movilización efectiva enfrenta fuertes resistencias de diversa índole.   Su presencia es evidente observando la vasta brecha que separa en América Latina el discurso” sobre la participación de las realidades de implementación concreta de la misma.   En el discurso el consenso parece total, y la voluntad de llevarla adelante

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