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rol del Estado en los sistemas de Salud con Modelo de seguros Múltiples en Competencia - page 62 / 331

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La ley de Registro Civil, por la cual se creó el Registro Civil, quitándosele a la Iglesia Católica la potestad monopólica sobre el registro de los nacimientos y las defunciones, que fue completada con la ley de Cementerios y con la quita de la potestad sobre los casamientos, a partir de la ley de Matrimonio Civil (del año 1888).

El conjunto de leyes que esencialmente pusieron en manos del Estado funciones que hasta ese momento habían sido monopolizadas por la Iglesia, generó un conflicto con el Vaticano, quien retiró al Nuncio Apostólico. En realidad, en el fondo de esa disputa subyacía un debate ideológico y una pelea por espacios de poder: Los “liberales”, cuya figura paradigmática en la defensa de las leyes de educación, de registro civil, de cementerios y de matrimonio civil fue el médico higienista, escritor, Ministro de Justicia e Instrucción Pública del gobierno de Roca, Eduardo Wilde, pretendían que la religión no interfiriera en los ámbitos públicos y se limitara únicamente al ámbito de lo privado, de la familia, del individuo, y de ser posible sólo de la conciencia. Los “católicos”, opuestos a la política liberal de secularización (rendir profano, terrenal) eran liderados por Juan Manuel Estrada, profesor Universitario de Derecho Constitucional y Pedro Goyena, Diputado Nacional.  

En 1887, ante la imperiosa necesidad de continuar las obras básicas de salubridad, esto es, agua corriente y cloacas (casi la mitad de la provisión de agua de la ciudad de Buenos Aires procedía de pozos, que por su escasa profundidad estaban permanentemente contaminados; sólo el 20% de la población tenía agua corriente y el resto la obtenía por intermedio de aguateros) y la falta de recursos fruto de la crisis económica externa e interna, surgió plenamente en un debate parlamentario, la divergencia ideológica que aún hoy continúa, sobre el rol del Estado, entre liberales, representados en este caso por el Ministro del Interior de Juárez Celman, Eduardo Wilde, y las incipientes fuerzas que confluyeron posteriormente en la Unión Cívica, representadas en esta oportunidad por el senador nacional discípulo de Sarmiento, Aristóbulo del Valle.

La postura que encarnaba Wilde, sostenía que “las obras de salubridad no son inherentes al ejercicio de la soberanía ...., y como todo servicio municipal, pueden ser entregadas a particulares ...., por cuanto es necesario defenderse contra la tendencia socialista que va penetrando en el Estado,  de encargar a éste, siempre mal administrador, el manejo de los servicios públicos”. La posición que encarnaba Aristóbulo del Valle sostenía que el Estado, que había demostrado ser eficiente con los hombres adecuados, debía hacerse cargo de los servicios con finalidad pública y de alto impacto en la sociedad.

Ante este debate Roca, que se opuso a la privatización de las obras de salubridad ironizó: “si el Estado es mal administrador debe ponerse bandera de remate a la Aduana, al Correo, al Telégrafo y al Ejército...”. Las obras fueron concesionadas a una compañía inglesa (Hale y Cia.), pero en 1891, ante la falta de cumplimiento de los términos contractuales y la insatisfacción de los

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