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SOLICITA SE DICTE AUTO DE PROCESAMIENTO. SE DECRETE PRISIÓN - page 195 / 357

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                                Debía intervenir previo al dictado del decreto presidencial, una comisión integrada por representantes de tres ministerios, para luego procederse a la firma de los respectivos ministros, y finalmente, del jefe de Estado, amen de las intervenciones de otros funcionarios intermedios.

                                En este contexto, no resulta ilógico presumir que si cada exportación debía requerir el dictado de un nuevo decreto, las operaciones correrían el riesgo de verse frustradas. Máxime cuando no eran pocas las dificultades que se presentaban para conseguir certificados de destino final de países no cuestionados para adquirir material bélico.

                                De igual modo, los trámites en los despachos de las numerosas instancias intervinientes podían resultar en algunos casos, con suerte, expeditivos, pero también se podían verificar diversas trabas por circunstancias inherentes a lo que se debía controlar.

                                Un simple cotejo de los disímiles procedimientos asignados a las tramitaciones de los decretos de Panamá y Bolivia, y aún también de Venezuela, permite ilustrar lo que se viene argumentando.

                                Cabe admitir entonces en el contexto señalado, que la necesidad de agilizar esas gestiones previas a las exportaciones, conllevara a los máximos responsables de concretar estas operaciones, a idear un sistema que minimizara las posibilidades de hacer caer el negocio.

                                Ese sistema se vio plasmado en la obtención de verdaderos decretos “marco” incluyendo cantidades de material bélico no requerido por las empresas intervinientes, que obligara a limitar las intervenciones de las dependencias ministeriales, y que asimismo permitiera continuar vendiendo esos materiales en sucesivas renovaciones de la operación ya sin controles que pudieran entorpecer la dinámica de la misma.                                 

                                Fue el coronel Edberto González de la Vega quien deslizó al deponer a fs. 1434/1435 respecto del decreto 103/95, algunas precisiones sobre esa modalidad,

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