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SOLICITA SE DICTE AUTO DE PROCESAMIENTO. SE DECRETE PRISIÓN - page 200 / 357

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acreditantes del país que debiera recibir el material bélico, como también de cualquier antecedente que permitiera arrojar luz sobre las empresas intermediarias.

                                En el contexto líneas antes señalado, ese documento de uso final revestía una doble implicancia para los promotores de las operaciones: por un lado, la importancia de ese certificado para liberar las tramitaciones en las dependencias ministeriales; por otro, la dificultad de obtener ese documento de países no vinculados a conflictos internacionales.

                                Dificultad que se veía acrecentada por la urgencia de procurar esos documentos para dar curso a una operatoria destinada a países que, en función de sus necesidades inmediatas - conflictos bélicos -, no aceptaban demoras.  

                                De otro lado, lo documentado en los procedimientos de Bolivia y Ecuador es indicativo de la relevancia que le otorgaban a ese certificado ciertos estamentos de las carteras intervinientes: el contundente informe confidencial ya reseñado del Embajador Candiotti en la tramitación del decreto 1633/92, y la esencial actuación del Embajador Pfirter en la del decreto 103/95 así lo demuestran.              

                                Siguiendo aquel orden de ideas, una vez propiciada la tramitación por Fabricaciones Militares con las serias anomalías antes reseñadas en lo que a la documentación respaldatoria hacía, todo reposaba en manos de algún funcionario que verificara si las condiciones eran viables para la materialización de la operatoria (el Ministerio de Economía en el caso "Bolivia"; o el Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso "Liberia", luego de salir a publicidad la posible venta a ese país).

                                Es en esa trama en que revestía una esencial trascedencia la comisión triministerial encargada de los controles previos a las firmas de los decretos.

                                Ya lo sostuve al fundamentar el pedido de procesamiento de los integrantes de la CONCESyMB a fs. 4918/4924, al señalar que la intervención de esa comisión - lo mismo cabe decir de su antecedente inmediato, la Comisión de Coordinación

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