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SOLICITA SE DICTE AUTO DE PROCESAMIENTO. SE DECRETE PRISIÓN - page 211 / 357

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                                Y es indudablemente el documento confidencial del Embajador Candiotti revelador de esa decisión, o al menos de lo que más tarde se implementaría en los documentos, no obstante haberse finalmente concretado el desarrollo de los embarques a partir de 1991, en virtud de los decretos firmados ese año con el falso destino Panamá. En este sentido, y como fuera señalado anteriormente, las aclaraciones efectuadas por el mencionado diplomático a fs. 7529/30 permiten corroborar aún más la hipótesis sustentada.

                                Así, los sucesivos dictámenes emitidos por las dependencias del Ministerio de Relaciones y Culto entre diciembre de 1990 y septiembre de 1991, y en especial del Ministerio de Economía entre abril y agosto de 1992, donde se formularon una serie de objeciones técnicas al proyecto de decreto, condicionaron seriamente la concreción de la operatoria que se intentaba plasmar con Bolivia como presunto destinatario de los materiales.

                                Más allá de lo argumentado por esta parte acerca del contenido de ese decreto de venta a Bolivia, lo cierto es que mientras ese trámite se encontraba demorado en las dependencias ministeriales, se impulsa en los primeros días del mes de agosto de 1991 el proyecto de decreto de exportación de material bélico con destino a Panamá.

                                Las cosas iban a ser diferentes: en un tiempo extraordinariamente breve para las verificaciones inherentes a un trámite de esta naturaleza, se obtiene el decreto presidencial nro. 1697/91 a poco de más de veinte días de iniciada la tramitación.

                                Es innegable que las gestiones entre uno y otro decreto resultaron notoriamente disímiles, no sólo atendiendo a los tiempos insumidos en cada trámite, sino también a las intervenciones acreditadas en todos los ámbitos hasta llegar a la firma del presidente.

                                Las propias constancias de Fabricaciones Militares acompañadas sobre aquel decreto 1697/91, como también las aportadas por Defensa y Cancillería, son fiel reflejo de la sugestiva agilidad en la tramitación.

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