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SOLICITA SE DICTE AUTO DE PROCESAMIENTO. SE DECRETE PRISIÓN - page 212 / 357

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                                La metodología pergeñada por el entonces Ministro de Defensa y avalada por los restantes responsables de las maniobras, estaba instalada. Advertidos los inconvenientes del trámite del decreto de Bolivia, había que remover los obstáculos que entorpecían la concreción de una operatoria de seguro gestada con anticipación.

                                Es indudable que el disímil tratamiento otorgado a dos tramitaciones coetáneas de proyectos de decreto de venta de material bélico –el proyecto de Bolivia y el primer proyecto de Panamá-, con la advertencia asentada en una de ellas sobre el riesgo de triangulación de esos materiales por la modalidad que se pretendía implementar, y con la pluralidad de avisos que rodeara la segunda sobre esos riesgos ya enfocando a la región de los balcanes, genera inevitablemente la convicción de que se había consensuado evitar cualquier traba a esas nuevas tramitaciones.

                                Lo expuesto no encuentra otra explicación que no sea un acuerdo de voluntades entre los máximos responsables de las maniobras investigadas en tal orientación, en el marco de la comunión de interese propia de los miembros de la organización.

                                Siguiendo con la secuencia de los decretos, ya firmado el nro. 1697, aún estacionado el trámite del futuro decreto 1633 en algún despacho ministerial, y concretado el primer embarque de material bélico en el buque OPATIJA, se propicia desde Fabricaciones Militares a finales de septiembre de 1991, sin nuevo pedido de material por parte de la firma interviniente, un nuevo decreto con similar destino al 1697.

                                Tampoco esta tramitación se hace esperar demasiado: en poco más de un mes el decreto 2283 se encuentra firmado. El volumen y diversidad de material bélico incluido en ese documento huelga cualquier comentario sobre el verdadero destino de esos materiales. Suficientes consideraciones han sido realizadas sobre la imposibilidad política y fáctica de Panamá de poder adquirir los elementos allí detallados. Sólo en el contexto de los intereses de las más altas autoridades encargadas de promover dichas tramitaciones encuentra explicación lógica la firma de ese documento que hoy se vislumbra como el mejor ejemplo de los llamados decretos “marco”.

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