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SOLICITA SE DICTE AUTO DE PROCESAMIENTO. SE DECRETE PRISIÓN - page 224 / 357

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                                Todavía faltaba: luego de numerosos avatares, el decreto de venta de material bélico con destino a Bolivia fue finalmente firmado el 3 de septiembre de 1992. Ya era tarde. Si había algún interés desde aquel país por adquirir material -punto sobre el cual la investigación se encuentra avocada a dilucidar a través de las rogatorias pendientes de contestación por parte de aquél país, tal interés seguramente había sido perdido por el transcurso del tiempo.

                                Vale destacar que para enero de 1992 a través del Decreto 217/92 la República Argentina había aprobado la citada Resolución 713 del Consejo de Seguridad de la O.N.U., disponiendo que el Poder Ejecutivo Nacional y las reparticiones y organismos públicos del Estado Nacional adoptarían las medidas pertinentes para dar cumplimiento con lo allí dispuesto, y comunicando el Ministerio de Defensa el contenido del decreto a la Comisión de Coordinación de Políticas de Exportación de material bélico (cfr. anexo 43 citado).

                                Paralelamente, arreciaban sobre la Cancillería los cables del Embajador argentino en Belgrado, Federico Bartfeld, dando cuenta de las quejas del gobierno yugoslavo por la recepción de armas argentinas por los ejércitos de croacia y Eslovenia (entre otros, los cables antes EYUGO 010165 y 010166 del 13 de marzo de 1992; EYUGO 010264 del 15 de abril de 1992; EYUGO 010786 del 1º de octubre de 1992 ya mencionados); los que eran seguidos de severas advertencias de la Dirección de Europa Oriental del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la cuestión (cfr. los indicados memorandos 010191 del 15 de abril de 1992 y 382/92 del 14 de agosto de 1992).

                                En este contexto, y conforme lo precisara en el dictamen de fs. 7756/7889, se tradujo el lapso que va desde la firma del nuevo decreto de Panamá -octubre de 1991- hasta la reactivación de la operación en abril de 1993, en una calma inactividad de la organización, al menos en lo que se encuentra acreditado: no se verifican en ese tiempo embarques de material al amparo de los decretos ya firmados ni gestiones para la concreción de un nuevo documento que facilitara nuevas operaciones.

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