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SOLICITA SE DICTE AUTO DE PROCESAMIENTO. SE DECRETE PRISIÓN - page 257 / 357

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independiente de los delitos que en ejecución de lo pactado, todos o algunos de sus miembros puedan cometer. Y es que para su configuración no es óbice que los asociados, junto con los fines ilícitos que los animan, posean, también, fines lícitos concurrrentes...”, resultando esto último de trascendencia toda vez que ella habría estado integrada tanto por funcionarios públicos de ese entonces como por agentes que no lo eran. Finalmente se sostuvo que “tampoco se requiere que el grupo se mantenga inmutable, ni que todos los autores se hayan integrado simultáneamente a la asociación...” (Sala IV de la CNCP, causa nro. 1.900 “Diamante”, reg. nro. 3326.4, del 26/4/01).

                                No debe perderse de vista en orden a la inteligencia señalada por los integrantes de la Sala II al efectuar la reseña precedente del fallo citado, que uno de los planteos recurrentes  efectuados por los imputados ha girado en torno a la cuestionable aplicación de la figura de asociación ilícita en el caso de tratarse de funcionarios en el ejercicio de la actividad propia de las funciones de gobierno.

                                Desde esa línea de pensamiento se ha cuestionado también la convergencia de personas que no revestían cargos políticos para la época de ejecución de los hechos como en el caso del hoy procesado Emir Fuad Yoma, desde que según esa postura, no resultaba posible imputarle una participación en sucesos vinculados a la actividad de la función pública.

                                Dicha argumentación ha sido claramente desvirtuada por el tribunal de alzada en ocasión de resolver la situación procesal del mencionado Yoma, en tanto ha señalado que “en la presente causa no se investiga la gestión de un gobierno en particular, sino la comisión de delitos los que, consecuentemente, se presentan con absoluta independencia de las posibles funciones públicas que podrían o no haber desarrollado los presuntos implicados”.

                                Por ello, no debe soslayarse frente a posturas como las esgrimidas en orden a descartar la convergencia de una acuerdo de voluntades en los términos del art.

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