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SOLICITA SE DICTE AUTO DE PROCESAMIENTO. SE DECRETE PRISIÓN - page 278 / 357

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dada su antigua relación con el Dr. Carlos Menem preguntó si el mismo estaba de acuerdo con una operación de estas características y que la respuesta de Rubio fue, también textualmente: “A Menem hay que llevarle el paquete envuelto, atado y con un moñito listo para firmar”. Manifestó que hizo tal pregunta por cuanto le surgieron algunas dudas sobre el marco legal en el cual podía desarrollarse esta operación dentro de Argentina, habida cuenta de que a pesar de existir la posibilidad de decretos con carácter secreto como atribución del Poder Ejecutivo Nacional, podía caberles un serio problema debido a las responsabilidades que se podían generar en una operación de ese marco a aquellas personas que estuvieran involucradas en la misma. Dijo que habida cuenta el tenor de las respuestas dadas por Rubio, el declarante resolvió no concurrir a una entrevista posterior con Luis Sarlenga a fin de evitar cualquier otro compromiso de tipo ulterior con cualquier maniobra de tipo irregular que pudiera cometerse, solicitando que fuera en su reemplazo un asociado suyo –Armando Labour- con el solo fin de escuchar lo que Sarlenga tuviera para agregar al respecto; habiendo tenido dicha entrevista el mismo tenor que la del declarante con Rubio. Preguntado que fue para que dijera si tenía conocimiento de que tanto Sarlenga como Rubio tuvieran algún tipo de llegada al Presidente de la Nación o a alguno de sus subalternos, respondió respecto de Rubio que era una persona que tenía un fluído acceso al Ministerio de Defensa y a sus organismos dependientes, mientras que Sarlenga tenía una excelente relación con el entonces Presidente de la Nación. El declarante aportó diversa documentación, entre ellas el resumen de una carta, indicando que conforme toda esa información le resulta imposible pensar o aceptar que el gobierno de los EE.UU. o su Senado pueda haber aprobado de manera directa o indirecta una operación de venta ilegal de armas a cualquiera de las ex repúblicas de Yugoslavia al menos, hasta el 05 de octubre de 1992. A preguntas formuladas, respondió que las gestiones con las autoridades de Fabricaciones Militares quedaron interrumpidas como consecuencia del informe recibido por parte de la firma estadounidense y dada la ilegalidad en que deberían manejarse quienes

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