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SOLICITA SE DICTE AUTO DE PROCESAMIENTO. SE DECRETE PRISIÓN - page 305 / 357

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                                En ese sentido, el conocimiento de esos acontecimientos por parte del encargado del Ministerio de Defensa –los que resultaban de dominio público-, obligaban a esa cartera y en especial a su máximo responsable, a verificar si esas sospechas podían tener visos de credibilidad, como también a extremar todos los recaudos en las ventas de material bélico que se tramitaran a partir de conocerse aquellas sospechas de triangulación.

                                La circunstancia de no haberse investigado sobre la verosimilitud de la denuncia realizada por los legisladores, adunado a que pocos meses después se estaba gestionando un nuevo decreto con otro destino incluyéndose parte del material que se pretendiera incluir en el decreto de Liberia, condujo a señalar que en el marco general de las maniobras investigadas la actuación del entonces ministro Camilión no podía sino analizarse a la luz del conocimiento de las ilicitudes objeto de autos.

                                Por fin, respecto del entonces Canciller Di Tella, se sostuvo que a las irregularidades detectadas en los trámites de los distintos decretos en los que impusiera su firma, se sumaron numerosas informaciones allegadas a su ministerio antes y después de firmados los dos primeros decretos que daban cuenta de la venta ilegal de armamento a países en conflicto (cfr. lo ya expuesto en el punto II, acápite F) del presente dictamen).

                                Al respecto, las numerosas advertencias de desvío de material bélico con destino a Croacia tanto concretadas en los cables del Embajador Federico Bartfeld como en los memorandos internos de la cancillería, adunados a la imposición en forma personal efectuada por el citado diplomático en una reunión celebrada a fines de 1992, resultaron elementos decisivos a la hora de verificar el conocimiento de Di Tella de la falsedad de los decretos por él firmados.  

                                No debe soslayarse que en la inteligencia señalada se pronunció el tribunal de alzada al disponer los procesamientos de los ministros Antonio Erman González y Guido José Mario Di Tella, argumentando que “resulta contrario a las reglas de la sana crítica pretender sostener que los por entonces ministros de Defensa y de Relaciones

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