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SOLICITA SE DICTE AUTO DE PROCESAMIENTO. SE DECRETE PRISIÓN - page 326 / 357

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cabe traer a mención el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos asignando especial valor a los recortes de prensa cuando los mismos reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios del Gobierno (CIDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, capítulo VIII, parágrafo 146).

                              En esa inteligencia, no debe soslayarse que el propio Presidente de la Nación otorgó a las operaciones de venta de material bélico al exterior la calidad de asuntos especiales, desde que se incluyó dentro del ámbito de la Secretaría de Asuntos Especiales de la Cancillería a cargo de Alfredo Carim Yoma –creada por el presidente Menem por decreto 795/89 para ocuparse de la atención de asuntos especiales considerados prioritarios para la política exterior del Gobierno Nacional- la intervención del nombrado funcionario en la temática que nos ocupa (cfr. prueba identificada con la letra Q).

                                Debe destacarse que la actuación del nombrado Yoma en las gestiones antes señaladas se ve avalada por los numerosos documentos remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en los que el nombrado luce firmando dando su visto bueno o proponiendo rechazar las operaciones de venta de material bélico allí señaladas (cfr. prueba identificada con la letra A) del material probatorio adquirido con posterioridad al fallo de la Cámara del 4 de abril de 2001)

                               Si bien la actividad instructoria ha resultado infructuosa a la hora de precisar las funciones de la repartición a cargo de Alfredo Carim Yoma dentro de la orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, los propios considerandos del decreto de creación y las constancias reseñadas en las que se observa la intervención del nombrado, permiten verificar una relevancia indiscutible en el desempeño de las “funciones especiales” otorgadas por el decreto nro. 795/89.

                              Cabe reseñar que ese interés por parte del gobierno de formalizar una estructura que permitiera poner en marcha un proyecto reactivador en materia de defensa, se ve corroborado en el legajo con distintas circunstancias vinculadas con la frustrada operación de venta de submarinos a Taiwán.

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