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SOLICITA SE DICTE AUTO DE PROCESAMIENTO. SE DECRETE PRISIÓN - page 352 / 357

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                                Por ello, para esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones exige interpretar la Constitución, lo que permite definir en qué medida el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión judicial (“Powell vs. Mc Cormack”, 395 U.S., 486, 1969), facultad esta última que sólo puede ser ejercida cuando haya mediado alguna violación normativa que ubique los actos de los otros poderes fuera de las atribuciones que la Constitución les confiere o del modo en que ésta autoriza a ponerlas en práctica (CSJN R.420 XXXIII).

                                En el precedente UNITED STATES vs. NIXON (418 U.S. 683. 1974) la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norte América consideró frente al planteo del Presidente Nixon alegando que la doctrina de la separación de poderes impedía la revisión judicial de un privilegio por él invocado y que la exigencia de privacidad en las comunicaciones de alto nivel demandaba una exención absoluta contra una subpoena, que ni la doctrina de la separación de los poderes ni la exigencia general de confidencialidad de las comunicaciones de alto nivel podían sustentar, sin más, el privilegio presidencial absoluto e ilimitado de inmunidad frente a los procedimientos judiciales en cualquier circunstancia.

                                Desde la perspectiva desarrollada parece claro que los actos de los funcionarios de la administración que importen una actuación reñida con la ley, no pueden estar exentos del debido control jurisdiccional penal desde que exista la seria sospecha de que esos actos pudieran ser susceptibles de infringir alguna norma del Código Penal.

                                Y es que resulta innegable que juzgar los actos de la administración en cabeza de sus funcionarios en circunstancias como la que nos ocupa es ciertamente una garantía del Estado de Derecho, desde que permite por un lado impedir la arbitrariedad en el ejercicio de las funciones públicas, y por el otro coadyuva al logro de los fines institucionales de la propia administración.  

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