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SOLICITA SE DICTE AUTO DE PROCESAMIENTO. SE DECRETE PRISIÓN - page 98 / 357

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                                Si bien se sitúa el hecho relatado en el año 1993, no debe perderse de vista que la preocupación por documentar en un decreto la inclusión de ese tipo de materiales ya venía perturbando a los responsables de las maniobras de autos desde tiempo antes, por la sencilla razón de que esos elementos habían sido obviados en los decretos de Panamá.

                                Por ello, y más allá de lo declarado por Sarlenga quien de confirmar la irregular incorporación de los cañones al decreto de Bolivia estaría reconociendo la ilicitud de esa circunstancia, desmejorando así su situación procesal en la causa, no puede dejar de mencionarse la referencia antes señalada para concluir en la línea de razonamiento antes expuesta.      

                                No incluidos los cañones en los decretos de Panamá, aparecía como una posibilidad cierta para facilitar la salida de esos elementos, incluirlos como objeto de la operación en el decreto de Bolivia reactivado por el mencionado Sarlenga.

                                Por otro lado, y no obstante haber acompañado el representante Chávez documentación –en copia- para avalar presuntamente el material incluido desde el inicio de la negociación, la misma no posee fecha cierta que permita ubicarla en el tiempo con anterioridad a la firma del convenio por el mentado Uranga, siendo que Chávez no participó de la firma del acuerdo celebrado por Fabricaciones Militares.

                                A ello se agrega que de haber enviado el General Sánchez Valle esa documentación a Gelasio Chávez, no figura la misma incorporada a la carpeta atinente a esta operatoria, lo que por otro lado no permite inferir que ese listado de material haya sido el mismo que firmara Uranga en el convenio.

                                Empero, aún en la hipótesis de sostenerse que la inclusión del material no reconocido por el coronel Jean Uranga haya sido negociado inicialmente en la operación con la firma COFADENA de la República de Bolivia, numerosos elementos permiten sostener la falsedad del decreto PEN 1633/92.

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